En nombre de la “investigación”, la ley dio permiso al Departamento de Servicios Humanos para que éste pudiese “autorizar” a los médicos a tratar con cannabis a pacientes con “glaucoma, efectos secundarios de la quimioterapia o la radioterapia en para el cáncer, u otra enfermedad donde se certifique que es médicamente necesario”. Pero ha habido dos obstáculos. El primero es que los Servicios Humanos sólo tienen el permiso para autorizar a los médicos – no están obligados a hacerlo. El segundo es que sólo puede actuar “con la aprobación escrita del Departamento de Policía del Estado.” En otras palabras, dos departamentos estatales tienen que modificar sus normativas antes de que el cannabis medicinal pueda ser prescrito y suministrado. A día de hoy no lo han hecho.

Más información en: Chicago Reader

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Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento

La ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies), organización europea por el cambio de las leyes sobre drogas, toma a los clubes españoles de cannabis como modelo para otros países. Recientemente ha sido creada en Bélgica la primera asociación de cultivadores de cannabis. Allí, como en España, la posesión de cannabis para uso personal es legal.

(Fuentes: El Confidencial.com del 7 de agosto de 2006, de www.encod.org)

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Lo extraditaron a los EE.UU. después de que agotara todas las apelaciones posibles que hay en Canadá, donde había buscado asilo. Steve Kubby, su esposa Michele, y sus dos hijas huyeron a la Columbia inglésa, en Canadá, en la primavera de 2001. Kubby se enfrenta hasta a un máximo de tres años de cárcel por una supuesta infracción por violar la libertad condicional, así como a una condena de 120 días impuesta por un tribunal de California en 2001 por posesión de una pequeña cantidad mescalina y psilocín, un componente de la psilocibina.

(Fuentes: Los Angeles Times del 28 de enero de 2006, Globe and Mail del 1de febrero de 2006)

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La Unión Americana de Derechos Civiles dijo el 18 de enero que había redactado una carta al condado donde advierte que intervendrían para forzar a que la ley estatal sobre marihuana medicinal, aprobada por el 55 por ciento de los votantes, continúe en vigor en dicho condado.

Según una encuesta publicada el 9 de enero la mayoría de los votantes del condado apoyan la ley californiana sobre marihuana medicinal, en vigor desde hace 9 años y que ahora los responsables del Condado de San Diego intentan abolir por estar en contra. La encuesta, realizada por teléfono de manera aleatoria a 500 votantes del condado, puso de manifiesto que el 67 por ciento de los preguntados apoyan la ley californiana sobre cannabis medicinal. El 70 por ciento dijo que el condado debe acatar la ley estatal.

(Fuentes: North County Time del 10 y del 21 de enero de 2006, Associated Press del 19 de enero de 2006)

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David Blunkett, su antecesor como Ministro del Interior, reclasificó el cannabis en enero de 2004 de la Clase B a la Clase C, de menor categoría en cuanto a peligrosidad. Desde entonces, en que la mayoría de los casos la posesión de cannabis ha sido tratado como un delito no sujeto a arresto, ha sido descrita la existencia de una conexión entre un cannabis de variedad más potente y la aparición de enfermedades mentales.

Clarke dijo que lanzará una campaña pública masiva de información para enfatizar que el cannabis es “cualquier cosa menos inocuo”. Dijo también que el borrador del protocolo publicado en noviembre, y que habría permitido a los ciudadanos poseer hasta medio kilo de cannabis para “uso personal”, variará. “Me gustaría informar a la Cámara que mi decisión final estará en un límite considerablemente más bajo que los 500g actualmente sugeridos”, afirmó. Y anunció una nueva iniciativa para perseguir a productores y traficantes de cannabis.

(Fuente: Times Online del 19 de enero de 2006)

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En un comunicado de prensa del 12 de julio, el Tribunal Constitucional Federal dijo que el hombre no había agotado aun los medios legales. Debería primero de haber tratado de obtener una exención para el uso terapéutico de derivados del cannabis del Instituto Federal de Productos Farmacéuticos y Médicos. El tribunal hace saber también que, en Alemania, la prohibición general del cannabis incluye la de su uso como auto-medicamento.

Sin embargo, el paciente sí había solicitado una exención al Instituto Federal de Productos Farmacéuticos y Médicos hace tres años, la cual fue rechazada. El enfermo ha presentado un recurso contra dicha decisión, pero el Instituto aun no se ha manifestado al respecto. Hasta ahora ninguno de los más de 100 solicitantes de una exención han recibido aprobación por parte del Instituto, por lo que la exigencia del Tribunal Constitucional Federal es una posibilidad que tiene más de teórica que de realista. La cuestión legal y moral no queda aclarada, si está justificada o no la demanda de enfermos graves que llevan pleiteando en los juzgados durante muchos años para que se les reconozca el derecho a consumir cannabis con fines médicos y a que no les sigan negando un eficaz medicamento, mientras corren el riesgo de ser perseguidos como delincuentes.

(Fuente: Comunicado de prensa del Tribunal Constitucional Federal del 12 de julio de 2005)

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Carcieri vetó la proposición el 5 de julio después de que fuera aprobada en la Cámara de Representantes en una votación de 52 contra 10 y en el Senado por 34 contra 2. La invalidación de un veto requiere los votos de las tres quintas partes de los legisladores en ambas cámaras. El Senado aprobó dicha invalidación por 28 a 6.

La ley permitiría a aquellos con “situación clínica débil”, lo que incluye los casos de cáncer, glaucoma y SIDA, obtener un certificado médico donde diga que se pueden beneficiar del cannabis. Los pacientes y su cuidadores entrarían en un registro del Departamento Sanitario del estado. Tendrían la autorización de poseer hasta 12 plantas o 2’5 onzas de cannabis útil.

(Fuentes: Associated Press del 30 de junio de 2005, New York Times del 29 de junio de 2005)

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Boje estaba en Canadá en libertad bajo fianza mientras esperaba la resolución de una apelación, presentada en febrero de 2000, contra una sentencia del Tribunal Supremo de Columbia que la obligaba a ser expulsada a los Estados Unidos para enfrentarse en California a una acusación de 1997 por posesión de más de 1.000 plantas de marihuana. En los Estados Unidos Boje podría ser sentenciada a una pena de prisión superior a diez años.

El 17 de junio se entregó a las autoridades canadienses sin saber si la orden de extradición norteamericana entraría en vigor y si sería separada de su marido, hijo y amigos de Vancouver, donde lleva viviendo casi ocho años. Sin embargo Borje no ha ingresado en prisión y ha salido en libertad bajo fianza tras declarar ante un tribunal federal de Vancouver. Un juez dictaminó que la decisión del ministro Cotler debía ser evisada por el sistema judicial canadiense en septiembre.

(Fuente: Cannabis Culture del 17 de junio de 2005, http://www.cannabisculture.com)

Además registraron unas 20 viviendas, negocios y lugares donde se cultiva, lo que provocó numerosos arrestos, según afirmaron las autoridades responsables. En otro proceso independiente, un tribunal federal de Sacramento ha acusado a la Dra. Marion P. Fry, y a su marido, Dale C. Schafer, por repartir cannabis en su consulta. Ambos ya habían sido declarados inocentes de una imputación de producción y distribución de, al menos, 100 plantas de marihuana.

Las redadas y los arrestos son las primeras acciones a gran escala contra los clubes y proveedores de marihuana desde que el 6 de junio el Tribunal Supremo diera su apoyo a las autoridades federales en temas relacionados con la marihuana, aún en estados como California donde su uso con fines médicos es legal desde 1996. Las redadas las realizaron agentes federales que incluían miembros de la Drug Enforcement Administration y de los Servicios Secretos.

(Fuente: New York Times del 23 de junio de 2005)

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La resolución del Tribunal Supremo es una rotunda reafirmación de la autoridad federal y pone de manifiesto una profunda fisura entre los jueces que ha hecho que la mayoría de los fallos dictados en la década pasada hayan limitado el poder del Congreso Federal y aumentado el papel de los estados. La sentencia no es necesariamente la última palabra respecto al tema del cannabis medicinal, ni de los tribunales ni de otros departamentos del gobierno.

El juez John Paul Stevens, haciendo notar que “tal vez más importante aún que estas posibilidades legales es el proceso democrático”, sugirió que el poder ejecutivo podría volver a reclasificar al cannabis para uso médico o el Congreso hacerse cargo del asunto. Los abogados que defienden el cannabis medicinal, por su parte, enfatizan diciendo que las leyes estatales continúan vigente y que la influencia de la decisión federal es insignificante. Allen Hopper, abogado del American Civil Liberties Union’s Drug Law Reform Project, dijo que el gobierno federal se está haciendo cargo tan sólo del uno por ciento de los juicios sobre cannabis.

Sandra Day O’Connor, uno de tres jueces que votó no, dijo que aunque no habría votado a favor de la iniciativa médica de marihuana de California y no la apoya como política pública, representa el tipo de innovación y “experimento” que entra dentro de los límites que la Constitución puede permitir a los estados. “Dentro de las competencias principales de la policía estatal siempre se ha incluido la autoridad para definir el derecho penal y para proteger la salud, la seguridad, y el bienestar de sus ciudadanos”, dijo.

Angel Raich, una de las dos demandantes, dijo a los periodistas que seguiría utilizando cannabis, prescrito por su médico y cultivado para ella por unos amigos. “No tengo otra alternativa que continuar”, afirmó.

(Fuentes: New York Times del 6 de junio de 2005, Reuters del 6 de junio de 2005)

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